Por Nancy Giampaolo.
Penalizar a una mujer que, desesperada, recurre a un aborto clandestino poniendo en riesgo su vida, es una idea execrable para cualquier persona de bien. Sobre esta y otras nociones consonantes se montó un enorme aparato mediático en favor del aborto legal, seguro y gratuito. En el debate que preludió la discusión del tema en el Congreso, se insistió en que la ley respondería principalmente a las necesidades de las mujeres de los sectores más vulnerables. Sin embargo, según algunas voces, este razonamiento no es compartido por los sectores a los que dice proteger. En el mes de junio pasado, por ejemplo, se hizo pública una encuesta de Telefe Noticias realizada en la Villa 31. Los votos “en contra del aborto” alcanzaron el 72 por ciento, quedando el 28 restante a favor. Poco antes de eso, uno de los referentes del movimiento de curas villeros, el “Padre Pepe” (nombre con el que se conoce popularmente al cura José María Di Paola), había dicho, con el consecuente repudio de los medios masivos de comunicación: Aborto es FMI y FMI es aborto. En los escritos de su fundación encontramos los mismos argumentos que hoy encontramos en la Argentina. (…) No es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que lo promueve en todo el mundo: el Fondo Monetario Internacional… los veo preocupados y manifestándose contra el FMI y al mismo tiempo inclinándose a aprobar una de sus mayores exigencias, el aborto, para controlar quién nace y quién no en los países que deben acatar sus normativas”.
Paralelamente, medios anti hegemónicos argentinos como Kontrainfo, publicaban los siguientes informes: La IPPF (International Planned Parenthood Federation), con sede en Londres, es la mayor red de clínicas de abortos de Estados Unidos y del mundo (152 países y 5 millones de abortos al año) y lleva transferidos (de acuerdo a sus propios informes financieros) cerca de U$S 5 millones de dólares a organizaciones argentinas que integran la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Esto se suma a los cuantiosos recursos de la Fundación Ford (pantalla de la CIA) y la Open Society de George Soros, que siguen los lineamientos del Banco Mundial. Entre las organizaciones argentinas que vienen recibiendo fondos están: “Católicas por el Derecho a Decidir”, Casa FUSA, Fundación Huesped, CELS (el que además recibió U$S 1.340.000 de Soros y $1.750.000 de la Fundación Ford solo en 2017), CEDES y otras. En la Argentina, Casa FUSA, declara ser representante de Planned Parenthood y hasta posee una clínica en el barrio porteño de Almagro, donde brinda “servicios de salud a adolescentes con enfoque de género” y promueve la realización de abortos.
Desde sitios como Tierras de América, a la vez, se difundía un documento firmado por más de una veintena de curas villeros, titulado “Con los pobres abrazamos la vida” en el que se señala, entre otras cosas, que el tema del aborto no formaba parte de la plataforma electoral del presidente Mauricio Macri y que el Ejecutivo anterior “no solo no propició este debate, sino que incluyó a las mujeres embarazadas en la Asignación Universal por Hijo”, como “un gesto concreto de una política pública a favor de la vida”. Además, se responsabilizó de “la decisión presidencial de instalar el ruidoso debate sobre el aborto en la sociedad argentina al asesor ecuatoriano Durán Barba, un crítico acérrimo del Papa Francisco, reclutado hace tiempo como consejero del gobierno de Macri, que presenta la despenalización del aborto como una batalla de civilización propia de “la cultura occidental, la primera de la historia que incorpora elementos de sensatez provenientes de la visión femenina de la vida”.
Desde el ámbito médico, opiniones fuertes como las de la especialista en bioética Chinda Brandolino no han tenido refutaciones del todo convincentes frente al dramático panorama que plantean, fundamentalmente por la volatilidad de las estadísticas que manejan algunas activistas aborteras mediáticas. Según la médica “los números oficiales hablan de 49 muertes por aborto por año”, sin diferenciar los casos patológicos y los clandestinos, en tanto “hay 11 mil muertes por enfermedades cardiovasculares que se pueden prever y 500 chicos que se murieron de hambre” .
Para Brandolino, como para los curas villeros, “el aborto legal es para que los pobres no se reproduzcan".
En el Congreso, además de los médicos, políticos, actrices, religiosos, músicos, periodistas, filósofos y activistas en contra y a favor de la ley, hubo una residente de la Villa 31, Lorena Fernández cuyo testimonio, duramente criticado por algunos medios, resulta, por lo menos, atendible: "Estoy cansada que todas (las que promueven el aborto) se cuelguen de nosotras que somos pobres, humildes. Soy de la villa 31 y muchas como yo pensamos que un aborto es matar. Todas tenemos más de un hijo; yo tengo cuatro. Tengo una hija de trece años; su papá (yo me casé con él) me pidió que aborte. Fui a una clínica y le dije a la doctora que no quería abortar, que ya había abortado a los 16 años, mis propios padres me lo pidieron".
Esta clase de datos, provenientes de quienes trabajan o viven en las villas miseria de nuestro país, no han tallado fuerte en una discusión que entró en todas las casas a través de muletillas y slogans, generados por los dos sectores enfrentados en lo que muchos llaman una “nueva grieta en beneficio de Cambiemos”. Conceptos repetidos hasta el paroxismo como “salvemos las dos vidas” o “combatamos a los anti derechos” sustituyeron un debate más amplio, reflexionado e inclusivo. Pese a ser enunciados como los protagonistas de la cuestión, los sectores vulnerables no tuvieron demasiada presencia, excepto quizás a través de su invocación por parte de representantes de clase media o clase media acomodada. Queda flotando en el aire la vieja sospecha de que cuando una clase social sale de manera paternalista a presentarse como la natural defensora de los derechos de otra, hay una deuda que sigue sin saldarse.